A casi dos años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por el caso de los feminicidios perpetrados en Campo Algodonero –emitida el 16 de noviembre de 2009–, el gobierno de Felipe Calderón continúa sin aplicar las acciones requeridas por la Coidh.
Peor aún: los feminicidios en Juárez, Chihuahua, que captaron la atención internacional, se repiten en mayor número en otras ciudades del país, las víctimas son cada vez más jóvenes, la impunidad va en aumento y el riesgo es mayor para los activistas que apoyan a las víctimas y sus familiares.
Ese fue el diagnóstico que presentó este martes 4 la abogada Andrea Medina Rosas, activista de la Red Mexicana de Mujeres de Ciudad Juárez, durante la audiencia titulada Feminicidios en México y Centroamérica que, por primera vez, realizan en conjunto el Comité de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.
Medina Rosas expuso a los asistentes que, entre 1993 y 2001, se registraron 214 asesinatos de mujeres en Juárez, mientras que, sólo en 2010, se registraron 304 homicidios de ese tipo en la misma entidad, y entre enero y abril de este año ya iban contabilizados 89 casos.
Esos datos se incluyen en el reporte Feminicidio: respuestas internacionales de Madrid a Chile, que elaboró la fundación alemana Heinrich Böll y que se divulgó en la mencionada audiencia del Parlamento Europeo.
Ese reporte concluye que las reformas legislativas sobre feminicidio “requieren ahora traducirse en un monitoreo minucioso para su cumplimiento” aunque, asienta, el indicador “más contundente de cumplimiento es que esas muertes ya no ocurran”.
En la audiencia, Teresa Jiménez Becerril, eurodiputada española del grupo del Partido Popular Europeo, advirtió que ella y sus colegas “no venimos a criticar a los gobiernos” de México y de los países centroamericanos.
Subrayó que tales gobiernos hacían esfuerzos para luchar contra los feminicidios, pero que incluso en su país se dificultaba la aplicación de reformas.
“No hay que confundirnos”, respondió a Jiménez el eurodiputado, también español, Raúl Romeva. Dijo que el Parlamento Europeo reconocía que los feminicidios eran un fenómeno global y no exclusivo de México, pero que había ocasiones, “como hoy, que nos toca tratar a México”.
Recordó que en 2006 no había casi eurodiputados que lo apoyaran cuando comenzó a preparar una resolución sobre los feminicidios en México, que finalmente aprobó el Parlamento Europeo el 11 de octubre de 2007.
“Hoy –se congratuló– son dos comisiones las que han introducido el tema en su trabajo cotidiano. Era lo que pedíamos entonces (en 2006)”.
Advirtió: “En México la tensión a nivel de la narcoviolencia es importante, pero eso no es una excusa para no tratar los feminicidios como casos particulares. Precisamente en estos contextos hay que visibilizar el problema porque las mujeres son más vulnerables”.
Indolencia oficial
El eurodiputado Richard Howitt, quien presidió el viaje a México de una delegación del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, que tuvo luga
r del 18 al 20 de mayo último, indicó, en un tono de sorpresa, que mientras el país dispone de una infraestructura y personal “excelente en materia de derechos humanos”, “la situación está empeorando”.
El 23 de septiembre, Apro dio a conocer el reporte sobre tal viaje a México que presentará Howitt el próximo 8 de diciembre en la sesión de la delegación para México del Parlamento Europeo.
En él se indica que, luego de sus encuentros con las ONG en Oaxaca y en la Ciudad de México, la delegación europea “notó la preocupación de éstas acerca de la calidad y la intensidad de su cooperación con la delegación de la UE en México y sus limitadas posibilidades para hacer aportaciones al Diálogo de Derechos Humanos México-UE, que han tenido lugar en 2010 y este año.
“El Parlamento Europeo –remarca el reporte– respeta la inquietud de México sobre su imagen internacional, pero en un espíritu de solidaridad con las ONG y las víctimas está obligado a continuar pidiendo a México cumplir con sus obligaciones bajo la ley internacional de derechos humanos”.
El problema en México, señaló la eurodiputada alemana Franziska Keller en la audiencia del 4 de octubre, “no es el análisis de qué se puede hacer” para frenar los asesinatos de mujeres, sino que las autoridades mexicanas simplemente no aplican las leyes ya existentes contra los feminicidios.
Keller y su colega finlandesa Satu Hassi, ambas del grupo del Partido Verde Europeo, estuvieron de visita oficial en México entre el 30 de junio y el 4 de julio.
Keller comentó a los asistentes que hay legisladores en la Cámara de Diputados de México “que están trabajando contra los feminicidios”. Por ejemplo, dijo, la diputada perredista Teresa Incháustegui, presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios, “hace un trabajo excelente” con propuestas concretas para mejorar la situación, “pero eso no ha mejorado la calidad de las investigaciones” ni ha evitado el retraso en la construcción del memorial para las víctimas que la Coidh ordenó implementar al Estado mexicano.
El 27 de septiembre fue difundido un informe político realizado por el finlandés Jarmo Oikarinen para la Dirección General de Políticas Externas de la UE del Parlamento Europeo. El informe, “de uso interno exclusivamente” –pero que fue difundido el mismo día a corresponsales y activistas de derechos humanos–, tiene como título El feminicidio en México y Centroamérica.
El documento, de ocho páginas, ofrece información general y de uso teórico. Sólo plantea en un párrafo que, “en México, la violencia contra las mujeres ha permanecido extendida a pesar de que, en 2008, 28 estados del país promulgaron legislación de (la Ley General de) acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”, aunque “Amnistía Internacional reportó que sólo las autoridades federales y tres gobiernos estatales expidieron regulaciones ejecutivas para implementar esa nueva legislación”.
Intervención fallida
Pero dicha legislación fue ensalzada por Etelvina Pérez López, representante de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), al exponer en el Parlamento Europeo la versión oficial, que apunta a engrandecer las políticas gubernamentales contra ese creciente fenómeno de violencia extrema.
Con notable nerviosismo, Pérez López también ratificó al principio de su intervención “el compromiso del Estado mexicano para proteger los derechos de las niñas y las mujeres”, y mencionó que el gobierno de Felipe Calderón era “pionero en ‘etiquetación’ (sic) de recursos en materia de igualdad entre hombres y mujeres y de combate contra la violencia de género”.
Pero la funcionaria vacilaba tanto en dar un orden a sus ideas que, por lapsos, su discurso era incomprensible. Los traductores a otras lenguas se quedaban callados esos momentos tratando con muchas dificultades de hilar de manera lógica el discurso de la mexicana, a tal grado que una traductora al francés, desesperada, movía visiblemente las manos para manifestar que no entendía nada.
Romeva lamentó que la funcionaria del gobierno calderonista no hubiera mencionado en su exposición el tema del incumplimiento oficial de la sentencia de la Coidh. No tenía constancia, espetó Romeva, de que, como lo ordenó el fallo, el gobierno mexicano hubiera realizado investigaciones específicas, castigado a los funcionarios ineficientes en el caso y protegido a las familias amenazadas, así como difundido la sentencia en el Diario Oficial y pagado indemnizaciones.
Pérez López quiso responder, pero se le comunicó discretamente que, a falta de tiempo, los otros invitados tenían prioridad en responder a las preguntas de los eurodiputados.
En otro momento, María Gotsi, funcionaria de la unidad para México del Servicio Europeo de Acción Exterior, afirmó que el fallo de la Coidh contra México era “muy importante” para la UE, y que las autoridades mexicanas habían pasado a la “fase de reconocimiento” de esa sentencia “y de garantizar un marco legislativo adecuado”.
Remarcó que la UE ha cooperado con México “con asistencia técnica, la cual ha contribuido en la adopción de leyes” en la materia, como fue el caso de un programa con el estado de Veracruz, además de que 30% de los proyectos que financia en el país están asociados con el combate a la violencia de género, por lo que igualmente apoya el acompañamiento psicológico y de acceso a la justicia de las víctimas y sus familias.
En las políticas de cooperación bilateral, añadió Gotsi, la UE se enfoca en financiar proyectos que fomenten la coordinación entre instituciones mexicanas en materia de lucha contra la violencia de género. En lo que llamó “el componente de feminicidios” se refirió a los “protocolos de investigación de delitos de género” que elaboraron “expertos” europeos y mexicanos financiados en el marco de esa cooperación bilateral.
Posteriormente, Medina Rosas aseguró que “son necesarios mecanismos más precisos de monitoreo” de la problemática; sin embargo, cuestionó esos proyectos bilaterales a los que se refirió la funcionaria europea. La abogada mexicana cuestionó a los expertos mexicanos que, en particular, participaron en el proceso de revisión de los protocolos de atención a víctimas, ya que, dijo, “no eran los especialistas correspondientes ni los necesarios para ese proyecto”.
En conversación con Apro, Medina Rosas criticó la designación en tal proyecto de una persona cercana a las autoridades, Teresita Gómez de León, exdirectora general en la Ciudad de México de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, excoordinadora general de Participación Ciudadana y Centros de Atención de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, y actual directora de la Fundación Renacer.
Medina Rosas lamentó además que el documento resultante de ese trabajo fuera entregado a la Procuraduría General de la República (PGR) sin que ello se tradujera en resultados tangibles, y que el gobierno mexicano no quiera informar cuál fue su costo. Gotsi manifestó al corresponsal que no conocía tampoco ese dato.
REVISTA PROCESO
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