Tag Archive | "abuso de autoridad"

DENUNCIARAN EN LA HAYA A CALDERON

Tags: , ,

DENUNCIARAN EN LA HAYA A CALDERON

Publicado 10 octubre 2011 by Yv.org

Abogados, defensores de derechos humanos, académicos, periodistas y miembros de la sociedad civil denunciarán al presidente Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional, así como a sus altos mando militares y civiles, y también a los narcotraficantes que atacan a los mexicanos, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Mañana martes juristas y defensores académicos darán a conocer la denuncia contra Calderón debido a que “declaró el inició de una guerra contra el narcotráfico el 11 de diciembre de 2006 como resultado de ello México vive un estado de emergencia y atraviesa por la crisis humanitaria más dramática de su historia reciente que ha dejado ya más de 50 mil muertos, 2 30 mil desplazados, 10 mil desaparecidos y mil 300 jóvenes y niños asesinados”.

Además, subrayan en su denuncia los defensores y la sociedad que “existe una constante violación a los derechos humanos de la población civil, en particular de los grupos más vulnerables como las mujeres y los migrantes quienes constantemente son victimizados por las autoridades y el crimen organizado”.

Sostiene en su denuncia que esta situación se debe por igual “a las acciones de delincuentes dentro y fuera del gobierno. Vivimos además una situación de impunidad estructural en la que únicamente el 12 por ciento de los delitos son denunciados y el 8 por ciento investigados. La falta de autonomía de la PGR y la inmunidad del Ejecutivo federal generan una situación en la que es prácticamente imposible juzgar dentro de las instancias nacionales a los altos funcionarios civiles y castrenses por su responsabilidad en esta crisis humanitaria”.

Aseveran en la denuncia que “vivimos un conflicto armado prolongado que enfrenta autoridades gubernamentales y grupos armados así como a estos grupos entre sí, combatiendo por el control territorial para el tráfico de drogas, sin embargo aun en las guerras existen límites y en esta se han rebasado de forma catastrófica: El ejercito mexicano ha asesinado a civiles incluso a niños completamente ajenos al conflicto, en retenes militares, y operativos. Ha torturado y asesinado a civiles a sabiendas que no guardan relación con el conflicto y además ha intentado encubrir estos hecho para no castigar a los responsables, ejemplo de ellos es el caso de los estudiantes asesinados en el Tec de Monterrey el 19 de marzo de 2010.

“El ejército también ha encubierto y dejado impune la violación sexual de mujeres cometidas por soldados durante operativos de búsqueda de delincuentes, ejemplo de ellos son los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

“Calderón ha ordenado agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos. Es tan evidente que se trata de una política del gobierno panista – concebida desde Washington – que incluso se ha comenzado a legislar para convertirlas en una obligación a cargo de las autoridades”.

Entre otros que ya se han adherido a la denuncia firman John Mill Ackerman, del IIJ de la UNAM, Manuel Fuentes, de Anad; José Rosario Marroquín, del Centro Prodh, Julio Scherer Ibarra; Rafael Barajas El Fisgón; Octavio Rodríguez Araujo entre otros.

También te puede interesar:

Comentarios(0)

El caso de los tuiteros detenidos

Tags: ,

El caso de los tuiteros detenidos

Publicado 21 septiembre 2011 by Yv.org

Los dos ciudadanos detenidos en Veracruz a finales de agosto por enviar mensajes en Twitter sobre supuestos ataques a escuelas salieron en libertad este miércoles, luego de que el gobierno estatal retirara los cargos en su contra por el delito de “terrorismo” y “sabotaje”.

La liberación fue reportada por activistas y organismos de derechos humanos, y confirmada por el secretario del juzgado tercero de primera instancia del municipio de Coatepec.

“Confirmado. Ya fueron liberados los dos tuiteros acusados de terrorismo y privados de la libertad hace 27 días en Veracruz”, publicó en su cuenta en Twitter la organización Artículo 19, que defiende la libertad de expresión.

El hecho se produce un día después de que el Congreso de Veracruz aprobó la creación del delito “perturbación del orden público”, como una medida para reducir el castigo contra Bravo Pagola y Martínez Vera.

La propuesta fue elaborada después de que organismos de derechos humanos, activistas y ciudadanos criticaran al gobierno de Duarte por acusar de “terrorismo” a los tuiteros.

No obstante, Ordóñez Solana descalificó la reforma y dijo a periodistas que sus clientes no recurrirían a ella para defenderse, sino que esperarían a que el juez ante el cual promovieron el amparo fallara a su favor.

“Retiraron los cargos porque el gobierno nunca tuvo la razón. El amparo los hubiese liberado”, escribió en Twitter el activista Jesús Robles Maloof, una de las personas que encabezó manifestaciones en apoyo a los detenidos.

CNN MEXICO

____________________________

En Veracruz, en el este de México dos usuarios de la red Twitter fueron arrestados por el gobierno local, que les acusa de terrorismo y sabotaje por difundir noticias falsas sobre un enfrentamiento armado.

 Los detenidos, María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, podrían ser sentenciados a 30 años de prisión si son encontrados culpables por el juez.
Mientras, en Tabasco, en el sureste, el Congreso del estado modificó el código penal para sancionar con cárcel a quienes difundan rumores que alarmen a la población.
Ambos casos desataron una intensa polémica sobre la libertad de expresión en internet, especialmente ahora que el país vive la ola de violencia más fuerte en 80 años.
“Las redes sociales son espacios de protección ciudadana. Hay ciudades donde las personas no salen si no consultan las redes sociales porque los medios han callado las situaciones de violencia”, le dice a BBC Mundo el activista de derechos humanos Jesús Robles Maloof.
“Es mucho más fácil culpar a dos tuiteros (usuarios de Twitter) más que asumir la responsabilidad de una sociedad que vive desinformada”, insiste.
El pasado 25 de agosto en las redes de Twitter y Facebook se publicaron mensajes que alertaban sobre enfrentamientos armados, secuestro de estudiantes y ataques a escuelas en las ciudades de Veracruz y Boca del Río. La información era falsa, dijeron las autoridades, pero los mensajes “causaron histeria”, aseguró el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza.
BBC MUNDO
______________________________________

También te puede interesar:

Comentarios(0)

Ex cajera de la CFE lleva 50 meses en prisión por denunciar fraude

Tags: , , ,

Ex cajera de la CFE lleva 50 meses en prisión por denunciar fraude

Publicado 17 septiembre 2011 by Yv.org

La ex empleada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que descubrió y denunció un fraude en contra del patrimonio de esa empresa cumplió 50 meses en prisión. A la fecha espera sentencia en un juicio que ha ido y venido por los intrincados caminos del sistema de justicia.

Qué paradoja: aquéllos que en verdad han defraudado a la empresa, que recibieron sobornos, gozan de cabal libertad, dice el abogado Alejandro Ortega. El especialista representa a María Elena Guerrero Escamilla, ex cajera de la CFE que en junio de 2007 denunció un fraude contra el patrimonio de la empresa por 308 millones de pesos, realizado mediante transferencias electrónicas desde las cuentas bancarias de la empresa con el banco HSBC.

María Elena está bastante desesperada, cuenta el abogado en una entrevista con La JornadaNo sabe cuánto más va a durar esta situación; estuvo enferma de los pulmones y fue llevada a un hospital, relata Alejandro Ortega.

El caso en que está involucrada María Elena Guerrero Escamilla comenzó en junio de 2007. Guerrero, ex cajera en la CFE, encontró una mañana que desde su computadora y con el uso de su contraseña habían realizado transferencias desde una cuenta de la CFE en el banco HSBC. Ella detuvo las transacciones, que habían sido hechas bajo el concepto depago de nómina, rubro que no se cubría desde esas cuentas, y denunció el hecho a sus superiores.

La noche posterior a que denunció las transacciones, una persona o personas no identificadas hasta ahora robaron el disco duro –donde se almacena toda la información– de esa computadora. El caso enfrentó en tribunales a la CFE y a la filial en México del banco inglés HSBC.

En una primera instancia, la firma financiera fue deslindada de cualquier responsabilidad jurídica en el fraude. En una segunda instancia, el magistrado José César Flores Rodríguez, del segundo tribunal unitario en materias civil y administrativa, sentenció que hubo fallas en los sistemas de control del banco durante al menos cuatro años (entre junio de 2003 y junio de 2007). Estas fallas hicieron posible –según la sentencia– la realización indebida de 226 transacciones con cargo a la cuenta de la CFE por un monto de 275 millones 248 mil 134.60 pesos y que fueron autorizadas irregularmente por el banco. HSBC interpuso un amparo contra esa sentencia.

La lucha en tribunales entre la CFE y el HSBC recorre un camino por los juzgados en el que se enfrentan la cuarta empresa del país por volumen de ventas y uno de los cinco bancos más grandes que operan en México.

Laberinto legal

La mujer que denunció el fraude contra la empresa, que fue la primera que lo detectó y lo hizo del conocimiento de sus superiores, sigue presa. María Elena Guerrero Escamilla fue sentenciada inicialmente a cuatro años y seis meses de prisión, es decir, a 54 meses de cárcel. Ha cumplido ya 50 meses internada en el reclusorio de Santa Martha Acatitla, en el oriente del Distrito Federal. Sigue en espera de sentencia por una indefinición de competencias entre los fueros común y federal, según explicó su abogado a este diario.

Precisa: María Elena ha sido sentenciada dos veces. En la primera, a cuatro años y medio de prisión, pero el magistrado ordenó reponer el procedimiento bajo el argumento de que las conclusiones del proceso estaban mal hechas. Pidió al Ministerio Público Federal que las ratificara o rectificara. Las conclusiones fueron rectificadas y se emitió otra vez una sentencia a cuatro años y seis meses de prisión.

Esa sentencia, abundó, pasó a un tribunal unitario. Y ahora existe una falta de definición: el magistrado de un tribunal unitario se declaró incompetente para dictar sentencia, con el argumento de que el delito no era federal sino del orden común. Pasó al fuero común y allí se dijo que era de jurisdicción federal. El expediente fue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ser turnado a un tribunal colegiado.

Ahora se encuentra precisamente en el cuarto tribunal colegiado, a cargo de la magistrada Elvia Díaz de León, quien debe decidir si se trata de un caso del fuero común o federal. Por lo pronto, en los hechos, María Elena no tiene sentencia, precisa su abogado.

El abogado Alejandro Ortega espera que esa indefinición dure quizá un mes más. Si se considera finalmente como caso del fuero federal, será remitido al primer tribunal unitario; o, si finalmente es llevado al fuero común, al juzgado 18.

Si el caso es llevado al fuero federal, el tribunal unitario simplemente dicta una sentencia. En cambio, si es considerado del fuero común, el juzgado inicia el procedimiento de juicio y posteriormente emite una sentencia, apunta.

El laberinto en el que se halla María Elena Guerrero Escamilla, dice su abogado, contrasta con el trato a otras personas involucradas en casos de corrupción en la CFE. Pone como ejemplo concreto a Néstor Moreno, ex director de operaciones de la empresa bajo la dirección de Alfredo Elías Ayub, quien dejó el puesto hace unos meses.

Moreno fue acusado en Estados Unidos de recibir sobornos en metálico por beneficiar con contratos de la CFE a una empresa llamada Lindsey Manufacturing. También le pagaron por esas prácticas con un yate y un automóvil Ferrari. La policía lo detuvo hace un par de semanas y no estuvo más de 12 horas en prisión. Su paradero ahora es desconocido.

El de los sobornos goza de cabal libertad. En cambio, María Elena, que se sentía una heroína por haber descubierto y denunciado un fraude, está en la cárcel a la espera de una sentencia, comentó el abogado Alejandro Ortega.

Antes de ser detenida en julio de 2007, María Elena Guerrero Escamilla había cumplido 20 años de servicio en la CFE. De 58 años de edad, era el sostén económico de sus padres. En 2003, recibió la medalla Adolfo López Mateos, en reconocimiento a sus servicios en la empresa eléctrica.

Estamos ante una injusticia. No se ha valorado que ella detuvo un fraude y sólo le han pagado con la cárcel. Los culpables están dentro de la empresa, aseguró el abogado Alejandro Ortega.

También te puede interesar:

Comentarios(0)

El “nuevo” Pri

Tags: , , ,

El “nuevo” Pri

Publicado 30 mayo 2011 by Yv.org

También te puede interesar:

Comentarios(0)

Abuso de Autoridad |Guadalajara

Tags: , ,

Abuso de Autoridad |Guadalajara

Publicado 05 marzo 2011 by Yv.org

En el momento no contabamos con los recursos para obtener una grabación fija,  asi que desde un celular se realizó la captura unos minutos después del agravió.

Este Viernes 4 Marzo  nuestro equipo de Yosoylavoz nuevamente  fue abusado por el ayuntamiento de Guadalajara en via pública, mientras en nuestra lucha de una Guadalajara Conciente expresabamos nuestro rechazo a la Censura de “Presunto culpable”.

 La Maestra  de Derecho Penal y Doctora en Ciencias Políticas de la U de G  María Verónica Martínez  ahora  Servidora Pública del  Ayuntamiento Priista de Guadalajara, llegó quitando nuestras mantas con sus propias manos exclamando que “no se permiten lonas en el Centro Histórico”, violando así la ley de imprenta que la Constitución Política nos otorga.

 

 La servidora pública al no lograr su cometido, pidió apoyo de la Policia Municipal los cuales se presentaron pero estos no accedieron a intervenir.

 Semblanza de María Verónica Martínez que aparece en el Directorio de Funcionarios del Gobierno municipal de Guadalajara.

Mtra. Maria Verónica Martínez Espinoza

Soy abogada por la Universidad de Guadalajara, cursé de la maestría en Derecho Penal; y concluí un doctorado en ciencias políticas y sociales en la misma casa de estudios, pendiente de obtener el grado académico.  Cuento con un Diplomado de Especialización en Sistemas Electorales, impartido por el Departamento en Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara;  Diplomado en Derecho Penal por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Guadalajara; y un Diplomado en Criminalística por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Además de haber participado en el sector privado como abogada postulante y colaborar como parte de un grupo consultor jurídico empresarial, he sido catedrática de la División de Estudios Jurídicos antes Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara por 22 años hasta la actualidad.

Como ciudadana he tenido la oportunidad de servirle a la sociedad, en varios cargos públicos. He fungido como Mecanógrafo, desempeñando las funciones de actuario del Juzgado Segundo de lo Criminal de esta ciudad; Abogada “A”, adscrita a la oficina de Archivo en la Subdirección Técnico-Jurídica del Centro de Readaptación Social número uno; Subdirectora del Centro de Readaptación Femenil del Estado de Jalisco; Secretario adscrito al Juzgado Sexto de lo Criminal del Primer Partido Judicial; Secretario Relator de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco; Juez Tercero de lo Criminal del Primer Partido Judicial; Magistrada Propietaria adscrita a la Sexta Sala  del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco; Agente del Ministerio Público Dictaminador adscrita a la Sub-Procuraduría “A”, de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Jalisco; Defensor de Oficio Federal adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco; Sub-Procuradora General de Justicia del Estado; Subsecretaria de Seguridad Pública, Protección Civil, Prevención y Readaptación Social del Estado; Magistrada Propietaria del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco; Directora de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Ciénega; Directora de Inspección de Reglamentos del Ayuntamiento de Zapopan; así como Diputada Local en la LVIII Legislatura.

 ”Mi compromiso es firme; como servidor público y como ciudadana que desea una mejor ciudad, tengo la segura perseverancia de trabajar por ello.”

 

Estas son las mantas que para la servidora pública "entorpecen el orden público"

 Estas son las mantas que para la servidora pública “entorpecen el ornato público”

Nosotros no callamos, seguimos en pie de nuestra tarea, mientras tanto varios inspectores y la Directora observaban, grababan y hacian llamadas telefónicas.

Al final de la exposisión que se presenta de nuestra parte en la Plaza Guadalajara se acercó esta ex- Diputada con un formato que ella No firmó. Se lo presentamos a continuación:

También te puede interesar:

Comentarios(0)

PRESUNTO CULPABLE

Tags: , , , , ,

PRESUNTO CULPABLE

Publicado 04 marzo 2011 by Yv.org

 

Presunto culpable se estrenó el 18 de febrero en 130 cines de seis ciudades del país y, según su producción, alcanzó 128,000 espectadores en los primeros tres días.

El documental retrata el caso de Zúñiga Rodríguez como un ejemplo de deficiencias en el sistema penal mexicano, al haber sido detenido y sentenciado a 20 años de prisión para finalmente ser exonerado porque no había pruebas de que fuera el autor del asesinato, que aún no se esclarece.

Heredia indicó que la suspensión provisional es una decisión judicial normal en tanto Lobo Domínguez conoce por completo del caso.

La autorización es legal: Segob

El subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Héctor Villarreal, de quien depende Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, aseveró que no existen elementos para la suspensión de la autorización de la exhibición del documental.

En entrevista con CNNMéxico, el funcionario federal afirmó que RTC dio su aval a la empresa Cinépolis para que distribuyera Presunto culpable porque cumplió con la norma.

“Cumplió absolutamente con todos los requisitos que señala la ley para efectos de procedimiento administrativo, y sostenemos que la autorización se dio con absoluto apego a la legalidad”, señaló.

El subsecretario expuso que si una persona siente que ha sufrido daño moral con el documental, o en general con una película o publicación, puede proceder en su contra mediante un juicio civil o inclusive penal.

Reyes Bravo, quien primero atestiguó contra Zúñiga Rodríguez y después se desdijo, alega también que el documental afecta su privacidad y ha causado perjuicios a su vida personal.

“Sin embargo, en relación con el acto del otorgamiento de esa autorización nosotros consideramos que no hay fundamento para conceder una suspensión, y vamos a defender la legalidad de esa autorización y con ello a defender que la película se siga exhibiendo en las salas”, dijo Villarreal.

El funcionario federal manifestó que respetan al Poder Judicial, pero confían en que tienen los argumentos para que no prospere el juicio. Por ahora se analiza la ruta legal y no se puede especular si se suspenderá la exhibición del documental, dijo.

Villarreal agregó que no tiene registros de que la cancelación de la proyección de una película en el país por una orden judicial.

También respaldó que sectores de la sociedad muestren molestia por lo que consideran una agresión a la libertad de expresión, tras enfatizar que el Gobierno federal no censura Presunto culpable o cualquier otra película o publicación.

“No hay ninguna intención (de censura), y no solamente no la hay si no que hay la convicción de que vamos a combatir cualquier agresión o cualquier intento o posibilidad de que se vulnere la libertad de expresión”, sostuvo.

Desproporción judicial que “raya en censura”

La decisión de la jueza Blanca Lobo Domínguez es una medida desproporcionada que se puede calificar como censura, afirmó Miguel Carbonell, académico del Instituto de Investigaciones Jurídica de la UNAM.

“El hecho mismo de que interrumpa al momento de la notificación la posibilidad de transmitir la película en el circuito comercial es una afectación de la libertad de expresión y la libertad de empresa, y en ese sentido resulta violatoria de la Constitución mexicana y de los tratados internacionales”, advirtió Carbonell.

En entrevista con CNNMéxico, Carbonell explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) definió en una jurisprudencia que las responsabilidades por actos de expresión deben dirimirse con posterioridad y no limitar su difusión.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene dos jurisprudencias que prohíben la censura previa porque la demanda debe llevarse por la vía de un juicio civil para pelear una indemnización económica, abundó el especialista en derecho constitucional.

“Hay un elemento anterior que debería haber inclinado la balanza en la mente de la jueza hacia otra decisión, que es el hecho que la película, al momento de dictar el auto de suspensión, ya había sido vista por medio millón de personas, con lo cual no es que se creara un daño inminente en la privacidad y en la honra de este sujeto.

“El daño ya se había realizado, por eso es que no procedía suspender la exhibición, sino en su caso exigir por la vía civil la responsabilidad económica”, dijo Carbonell.

Fuente

También te puede interesar:

Comentarios(0)

Advertise Here
Advertise Here

OBJETIVO YV

Incitamos a la conciencia humana de cada lector a examinar y observar las acciones y decisiones de los poderes dominantes mundiales (RELIGION Y POLITICA) y pueda buscar la respuesta a esta pregunta ¿Cual es el error del hombre?.  
LEER MAS
  ....................................

CONTACTO MSN

::: RADIO :::

Get the Flash Player to see this player.


TWITCAM

TRANSMISION EN VIVO

VIE | SAB | DOM

7:00 PM - MEXICO

Suscribete

 
Ingresa tu mail:

Las nuevas entradas que se publiquen te llegarán mediante un correo electrónico. Sé el primero en enterarte!

EN LINEA

 

mayo 2012
L M X J V S D
« abr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031