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Los dos ciudadanos detenidos en Veracruz a finales de agosto por enviar mensajes en Twitter sobre supuestos ataques a escuelas salieron en libertad este miércoles, luego de que el gobierno estatal retirara los cargos en su contra por el delito de “terrorismo” y “sabotaje”.

La liberación fue reportada por activistas y organismos de derechos humanos, y confirmada por el secretario del juzgado tercero de primera instancia del municipio de Coatepec.

“Confirmado. Ya fueron liberados los dos tuiteros acusados de terrorismo y privados de la libertad hace 27 días en Veracruz”, publicó en su cuenta en Twitter la organización Artículo 19, que defiende la libertad de expresión.

El hecho se produce un día después de que el Congreso de Veracruz aprobó la creación del delito “perturbación del orden público”, como una medida para reducir el castigo contra Bravo Pagola y Martínez Vera.

La propuesta fue elaborada después de que organismos de derechos humanos, activistas y ciudadanos criticaran al gobierno de Duarte por acusar de “terrorismo” a los tuiteros.

No obstante, Ordóñez Solana descalificó la reforma y dijo a periodistas que sus clientes no recurrirían a ella para defenderse, sino que esperarían a que el juez ante el cual promovieron el amparo fallara a su favor.

“Retiraron los cargos porque el gobierno nunca tuvo la razón. El amparo los hubiese liberado”, escribió en Twitter el activista Jesús Robles Maloof, una de las personas que encabezó manifestaciones en apoyo a los detenidos.

CNN MEXICO

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En Veracruz, en el este de México dos usuarios de la red Twitter fueron arrestados por el gobierno local, que les acusa de terrorismo y sabotaje por difundir noticias falsas sobre un enfrentamiento armado.

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Doctora en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Estudió la Maestría en Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM y la licenciatura en la Facultad de Derecho de la UNAM. Recibió mención Honorífica por su tesis de doctorado: “Revisión epistemológica de los alcances y límites de la libertad de expresión y del derecho de acceso a la información frente a los derechos de la personalidad tratándose de figuras públicas”.

Ha sido profesora de Epistemología Jurídica y Teoría Jurídica Contemporánea I y II y Filosofía del Derecho En la Maestría y Derecho de Acceso a la Información Pública en Especialidad de Derecho de la Información de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Profesora de Teoría del Derecho en la Facultad de Derecho UNAM. Catedrática de Maestría en Periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Medalla “Alfonso Caso” al Mérito Universitario. En la actualidad es profesora invitada “Titular C” en la Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa.

Líneas de investigación

- Derecho de la información

- Transparencia y rendición de cuentas

- Libertad de expresión

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- Filosofía y ética jurídica. 

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En el momento no contabamos con los recursos para obtener una grabación fija,  asi que desde un celular se realizó la captura unos minutos después del agravió.

Este Viernes 4 Marzo  nuestro equipo de Yosoylavoz nuevamente  fue abusado por el ayuntamiento de Guadalajara en via pública, mientras en nuestra lucha de una Guadalajara Conciente expresabamos nuestro rechazo a la Censura de “Presunto culpable”.

 La Maestra  de Derecho Penal y Doctora en Ciencias Políticas de la U de G  María Verónica Martínez  ahora  Servidora Pública del  Ayuntamiento Priista de Guadalajara, llegó quitando nuestras mantas con sus propias manos exclamando que “no se permiten lonas en el Centro Histórico”, violando así la ley de imprenta que la Constitución Política nos otorga.

 La servidora pública al no lograr su cometido, pidió apoyo de la Policia Municipal los cuales se presentaron pero estos no accedieron a intervenir.

 Semblanza de María Verónica Martínez que aparece en el Directorio de Funcionarios del Gobierno municipal de Guadalajara.

Dirección de Inspección y Vigilancia

Mtra. Maria Verónica Martínez Espinoza

Soy abogada por la Universidad de Guadalajara, cursé de la maestría en Derecho Penal; y concluí un doctorado en ciencias políticas y sociales en la misma casa de estudios, pendiente de obtener el grado académico.  Cuento con un Diplomado de Especialización en Sistemas Electorales, impartido por el Departamento en Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara;  Diplomado en Derecho Penal por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Guadalajara; y un Diplomado en Criminalística por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Además de haber participado en el sector privado como abogada postulante y colaborar como parte de un grupo consultor jurídico empresarial, he sido catedrática de la División de Estudios Jurídicos antes Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara por 22 años hasta la actualidad.

Como ciudadana he tenido la oportunidad de servirle a la sociedad, en varios cargos públicos. He fungido como Mecanógrafo, desempeñando las funciones de actuario del Juzgado Segundo de lo Criminal de esta ciudad; Abogada “A”, adscrita a la oficina de Archivo en la Subdirección Técnico-Jurídica del Centro de Readaptación Social número uno; Subdirectora del Centro de Readaptación Femenil del Estado de Jalisco; Secretario adscrito al Juzgado Sexto de lo Criminal del Primer Partido Judicial; Secretario Relator de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco; Juez Tercero de lo Criminal del Primer Partido Judicial; Magistrada Propietaria adscrita a la Sexta Sala  del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco; Agente del Ministerio Público Dictaminador adscrita a la Sub-Procuraduría “A”, de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Jalisco; Defensor de Oficio Federal adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco; Sub-Procuradora General de Justicia del Estado; Subsecretaria de Seguridad Pública, Protección Civil, Prevención y Readaptación Social del Estado; Magistrada Propietaria del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco; Directora de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Ciénega; Directora de Inspección de Reglamentos del Ayuntamiento de Zapopan; así como Diputada Local en la LVIII Legislatura.

 ”Mi compromiso es firme; como servidor público y como ciudadana que desea una mejor ciudad, tengo la segura perseverancia de trabajar por ello.”

 Estas son las mantas que para la servidora pública “entorpecen el ornato público”

Nosotros no callamos, seguimos en pie de nuestra tarea, mientras tanto varios inspectores y la Directora observaban, grababan y hacian llamadas telefónicas.

Al final de la exposisión que se presenta de nuestra parte en la Plaza Guadalajara se acercó esta ex- Diputada con un formato que ella No firmó. Se lo presentamos a continuación:

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Presunto culpable se estrenó el 18 de febrero en 130 cines de seis ciudades del país y, según su producción, alcanzó 128,000 espectadores en los primeros tres días.

El documental retrata el caso de Zúñiga Rodríguez como un ejemplo de deficiencias en el sistema penal mexicano, al haber sido detenido y sentenciado a 20 años de prisión para finalmente ser exonerado porque no había pruebas de que fuera el autor del asesinato, que aún no se esclarece.

Heredia indicó que la suspensión provisional es una decisión judicial normal en tanto Lobo Domínguez conoce por completo del caso.

La autorización es legal: Segob

El subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Héctor Villarreal, de quien depende Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, aseveró que no existen elementos para la suspensión de la autorización de la exhibición del documental.

En entrevista con CNNMéxico, el funcionario federal afirmó que RTC dio su aval a la empresa Cinépolis para que distribuyera Presunto culpable porque cumplió con la norma.

“Cumplió absolutamente con todos los requisitos que señala la ley para efectos de procedimiento administrativo, y sostenemos que la autorización se dio con absoluto apego a la legalidad”, señaló.

El subsecretario expuso que si una persona siente que ha sufrido daño moral con el documental, o en general con una película o publicación, puede proceder en su contra mediante un juicio civil o inclusive penal.

Reyes Bravo, quien primero atestiguó contra Zúñiga Rodríguez y después se desdijo, alega también que el documental afecta su privacidad y ha causado perjuicios a su vida personal.

“Sin embargo, en relación con el acto del otorgamiento de esa autorización nosotros consideramos que no hay fundamento para conceder una suspensión, y vamos a defender la legalidad de esa autorización y con ello a defender que la película se siga exhibiendo en las salas”, dijo Villarreal.

El funcionario federal manifestó que respetan al Poder Judicial, pero confían en que tienen los argumentos para que no prospere el juicio. Por ahora se analiza la ruta legal y no se puede especular si se suspenderá la exhibición del documental, dijo.

Villarreal agregó que no tiene registros de que la cancelación de la proyección de una película en el país por una orden judicial.

También respaldó que sectores de la sociedad muestren molestia por lo que consideran una agresión a la libertad de expresión, tras enfatizar que el Gobierno federal no censura Presunto culpable o cualquier otra película o publicación.

“No hay ninguna intención (de censura), y no solamente no la hay si no que hay la convicción de que vamos a combatir cualquier agresión o cualquier intento o posibilidad de que se vulnere la libertad de expresión”, sostuvo.

Desproporción judicial que “raya en censura”

La decisión de la jueza Blanca Lobo Domínguez es una medida desproporcionada que se puede calificar como censura, afirmó Miguel Carbonell, académico del Instituto de Investigaciones Jurídica de la UNAM.

“El hecho mismo de que interrumpa al momento de la notificación la posibilidad de transmitir la película en el circuito comercial es una afectación de la libertad de expresión y la libertad de empresa, y en ese sentido resulta violatoria de la Constitución mexicana y de los tratados internacionales”, advirtió Carbonell.

En entrevista con CNNMéxico, Carbonell explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) definió en una jurisprudencia que las responsabilidades por actos de expresión deben dirimirse con posterioridad y no limitar su difusión.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene dos jurisprudencias que prohíben la censura previa porque la demanda debe llevarse por la vía de un juicio civil para pelear una indemnización económica, abundó el especialista en derecho constitucional.

“Hay un elemento anterior que debería haber inclinado la balanza en la mente de la jueza hacia otra decisión, que es el hecho que la película, al momento de dictar el auto de suspensión, ya había sido vista por medio millón de personas, con lo cual no es que se creara un daño inminente en la privacidad y en la honra de este sujeto.

“El daño ya se había realizado, por eso es que no procedía suspender la exhibición, sino en su caso exigir por la vía civil la responsabilidad económica”, dijo Carbonell.

Fuente

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Cuando Carmen Aristegui se mostró dispuesta a regresar a MVS Radio, puso una condición: que la empresa se retractara sobre el señalamiento de que había violado el código de ética de la misma. Aunque dicho requisito no se cumplió, ayer se dio a conocer que a partir de lunes la periodista regresará a conducir su noticiero.

Mediante un texto titulado “Comunicado conjunto de Carmen Aristegui y MVS Radio”, divulgado en su página de internet, la radiodifusora confirmó que la periodista se reintegrará a sus filas.

“Los días recientes han sido aleccionadores para quienes nos dedicamos a la radiodifusión. Las expresiones públicas acerca del espacio de noticias matutino en MVS Radio han confirmado –tal y como lo supimos desde enero de 2009–, el interés que puede despertar en la sociedad un programa abierto a las inquietudes de sus audiencias (…)”.

Además, el comunicado agrega que han tomado en cuenta “la fructífera experiencia que han significado más de dos años de colaboración profesional”.

En la rueda de prensa que ofreció el miércoles 9 de febrero, la periodista aceptó que el cuestionamiento fue “duro, pero de ningún modo injurioso o difamatorio. Tampoco se transgredía en ningún punto el código de ética que ha sido aludido”.

Casi al final del texto que se difundió ayer, la empresa señala que “con estas decisiones Carmen Aristegui y su equipo de trabajo, así como MVS Radio, responden de manera transparente y pública a los requerimientos de una relevante porción de radioescuchas y ciudadanos”.

Además de la noticia sobre el retorno de Aristegui, MVS también publicó su código de ética en su portal de internet, con la intención  de “transparentar las normas del trabajo periodístico en este espacio”.

FICHA TÉCNICA
Línea editorial

“En el Programa (el de Aristegui) se difundirá información veraz, lo más completa posible, con un enfoque crítico y propositivo, que privilegie y promueva la convivencia armónica entre individuos y que ayude al radioescucha a entender la realidad y a formar su propio criterio”.

“Los titulares de las emisiones y Noticias MVS no admiten discriminaciones por raza, región, nacionalidad, nivel cultural, sexo o preferencia sexual”.

“El Programa y las personas que intervienen en su elaboración rechazan la presentación y difusión de ‘rumores’ como noticias y procuran siempre revelar las fuentes de origen de cada información”.

Fuente: Código de ética de Multivisión, firmado el primero de enero de 2009, entre Carmen Aristegui y la empresa.

FUENTE

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Lydia Cacho en twitter: Me confirma staff de Aristegui. Presidencia exigió que Carmen leyera carta de disculpa a Calderón. Vargas (presidente de MVS) se dobló Carmen NO. “La carta de disculpa fue escrita en Los Pinos, Carmen no accedió a leerla al aire.”

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