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POLICIAS MATAN A DOS ESTUDIANTES

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POLICIAS MATAN A DOS ESTUDIANTES

Publicado 15 diciembre 2011 by Yv.org

Chilpancingo, Gro. Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, murieron al ser impactados por disparos de policías federales y estatales, así como agentes ministeriales, durante el violento desalojo de un grupo de alumnos de ese plantel que bloqueaba la Autopista del Sol México-Acapulco y la carretera federal, a la altura de Chilpancingo.

Alrededor de las 11:45 horas de este lunes, unos 500 normalistas llegaron al sitio en camiones, apoyados por 26 indígenas de la Organización Campesina del Municipio de Tecoanapa, y otros 20 de la organización Xanii Tsavvi (sueño mixteco), y cerraron los carriles de dichas vialidades.

Su demanda principal es una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, a quien acusan de haberlos dejado plantados en cuatro ocasiones. Piden también el reinicio de clases en la normal, suspendidas desde el 2 de noviembre, debido a que los maestros “pretenden imponer” como director a Eugenio Hernández García, a quien los alumnos señalan de represor.

Otras peticiones son el aumento de la matrícula escolar de 140 a 170 plazas para el ciclo 2011-2012 y que los aspirantes que tengan promedio de siete de calificación puedan realizar el examen de admisión.

Apenas había comenzado el bloqueo cuando llegaron al menos 300 efectivos de las policías federal y estatal, estos últimos encabezados por el general Ramón Arreola Ibarría, subsecretario de Seguridad en Guerrero; más tarde arribaron agentes ministeriales.

Trabajadores de la gasolinera Servicio Centro Comercial narraron que minutos antes del mediodía, los agentes federales intentaron desalojar a los normalistas, quienes repelieron a los policías lanzando piedras, cohetones y bombas molotov.

En esos momentos, en la misma gasolinera, uno de los estudiantes de Ayotzinapa prendió fuego a una bomba despachadora de combustible; fue entonces cuando los federales realizaron disparos al aire.

A unos 50 metros de distancia, en el puente del río Huacapa, cerca de la tienda Liverpool, estaban apostados decenas de policías estatales, encabezados por el general Arreola.

Varios elementos policiacos vestían de civil. “Órale cabrones”, los arengó el subsecretario de Seguridad para que enfrentaran a los normalistas. Varios agentes accionaron sus armas.

Ataque por dos flancos

Los estudiantes fueron atacados por dos flancos, de norte a sur, por ambos carriles de la Autopista del Sol, y por el puente del río Huacapa.

Un grupo de alumnos intentó resguardarse en uno de los camiones, y otro trató de repeler a los policías con cohetones y piedras, pero no lo logró.

Por el contrario, los balazos se intensificaron. Los cristales de los autobuses quedaron destrozados y las carrocerías con impactos de bala.

Atónitos y nerviosos, choferes de automóviles particulares, autobuses y tráileres, que atestiguaban los hechos en ambos carriles, huían para protegerse de los disparos.

Ahí, el chofer del tráiler con placas 249-DC-5 del servicio público recibió un rozón de bala en la cara, y un anciano que se protegía en el tráiler fue detenido por los elementos policiacos; hasta ahora se desconoce su paradero.

Los uniformados también detuvieron al reportero Éric Escobar, del semanario Trinchera, que se publica en Chilpancingo, a quien propinaron golpes en cara y cuerpo. Luego lo dejaron libre.

A las 12:10 horas las detonaciones de armas de fuego se incrementaron y fue cuando cayó muerto el estudiante Gabriel Echeverría de Jesús.

Casi al mismo tiempo fue abatido Jorge Alexis Herrera. Sus compañeros, pensando que sólo estaban heridos, trataron de subirlos a los camiones para resguardarlos, pero al percatarse de que habían muerto optaron por dejarlos en el suelo.

La balacera continuó durante unos 20 minutos más en ambos carriles; los policías correteaban pistola en mano a los normalistas, quienes lanzaban piedras a los agentes.

Varios estudiantes se refugiaron en los cerros ubicados en ambos lados de la carretera y de ahí se trasladaron a la normal. Otros se dirigieron rumbo al poblado de Petaquillas, a unos cinco kilómetros de distancia del lugar del desalojo.

Algunos huyeron hacia el municipio de Tierra Colorada, a unos 45 kilómetros de distancia. Según versiones de los propios estudiantes, dos de sus compañeros iban heridos.

En el suelo quedaron piedras, tubos, bombas molotov y decenas de casquillos de bala percutidos de armas de distintos calibres utilizadas por los policías.

Alrededor de las 12:35 cesaron los disparos. Minutos después llegaron tres vehículos del Ejército, los que permanecieron allí media hora y luego se retiraron rumbo al poblado de Petaquillas.

Más tarde llegó el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, Juan Alarcón Hernández, y decenas de dirigentes sociales, así como de organizaciones no gubernamentales. También arribaron los padres de varios normalistas.

Por más de dos horas privó la confusión. Los choferes de los vehículos varados bajaban de las unidades pero regresaban a ellas temerosos.

A las 14:35 horas se reanudó la circulación en ambas vialidades. La persecución de estudiantes no cesó, pues los policías buscaron en los cerros a los normalistas hasta después de las 16 horas.

Herrera Pino era originario de Atoyac de Álvarez, y Echeverría de Jesús era oriundo del municipio de Tixtla. Alrededor de sus cuerpos quedaron casquillos de balas calibre 7.62 para rifle G-3.

Entrevistado después del violento desalojo, el general Arreola, con manchas de sangre en la cara, comentó: “debíamos desalojar a esta gente, nosotros tenemos personal antimotines, y nos recibieron a golpes, con fuego, y el personal de la Policía Federal intervino”.

–Señor, ¡hay dos jóvenes muertos que están ahí tirados! –se le dijo.

–No tengo conocimiento. No sé quien disparó, nosotros no traemos armas.

–¿Fue orden del gobernador (Ángel Aguirre) el desalojo?

–La orden del gobernador es que se restableciera la paz aquí. El personal de la policía estatal trae equipo antimotines y viene desarmado completamente.

–¿Restablecer la paz con dos estudiantes muertos?

–Establecer la paz con 800 seudoestudiantes que están tapando el paso –respondió molesto.

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63 periodistas asesinados y desaparecidos

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63 periodistas asesinados y desaparecidos

Publicado 16 junio 2011 by Yv.org

En el gobierno de Felipe Calderón, 52 periodistas han sido asesinados y 11 más, desaparecidos. Ésta se recordará como la administración que llevó a México a ser el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, por encima incluso de Irak. En poco más de una década de gestiones panistas, 93 comunicadores victimados y desaparecidos. El crímen más reciente, ocurrido a fines de mayo en Veracruz

Los 84 días de incertidumbre para la familia de Noél López Olguín culminaron en dolor. Desaparecido desde el 8 de marzo pasado, el cuerpo del periodista de 47 años fue localizado en una fosa clandestina el 31 de mayo, en el rancho Los Tres Hermanos, ejido Malacate, Jáltipan, Veracruz.

A López Olguín le tocó inaugurar las listas de los comunicadores desaparecidos y asesinados en 2011. Ambos registros acusan el México que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organizaciones civiles nacionales e internacionales califican como país más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo. En lo que va del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, al menos 63 reporteros han sido víctimas de la violencia: 52 asesinados y 11 desaparecidos.

La pérdida de quien laboraba en los periódicos Horizonte, Noticias de Acayucan y La Verdad se suma, a su vez, a otros 92 crímenes en contra de periodistas perpetrados en las dos administraciones federales del Partido Acción Nacional (PAN), también llamados gobiernos de la “transición democrática”.

En poco más de una década del panismo, 78 comunicadores han sido asesinados y 15 más, desaparecidos, indican datos oficiales y estadísticas de organizaciones no gubernamentales consultados por Contralínea. Ante estas cifras, es urgente atender la situación que vive el gremio peridístico en México, asegura Brisa Solís.

La directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) considera que la responsabilidad es compartida: “Tiene que haber una mejor calidad periodística, verificar bien las fuentes, tiene que haber una solidaridad dentro del gremio; y en el otro nivel [de la procuración de justicia], por supuesto, las instancias de gobierno tendrían que hacer su labor de manera más integral”.

El agravamiento de la situación es inocultable. Mientras Frank La Rue, relator de la ONU para la libertad de opinión y expresión, afirma que “México ha devenido en el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas”, la organización Reporteros sin Fronteras acusa que este país es el más peligroso en el mundo para ejercer la profesión, por encima incluso de Irak.

Tan sólo entre enero de 2010 y mayo de 2011 se han registrado 16 asesinatos y cuatro desapariciones de reporteros. De continuar esta tendencia, al terminar 2011 podrían haber ocurrido nueve homicidios más, a razón de 10.4 periodistas asesinados anualmente en este país.

Óscar Elizundia Treviño, director del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) critica que las medidas que ha tomado el gobierno en materia de protección a la libertad de expresión no representan un cambio en esta problemática, que ha costado la vida a decenas de comunicadores.

“El problema es estructural, tiene que ver con la procuración, con la impartición y con la administración de la justicia. Todos los eslabones del sistema de la justicia mexicana adolecen de rigor jurídico, de integridad en muchos casos, entonces no se presta o no se genera un clima de legalidad.”

El defensor agrega que, “lamentablemente, no hay un cambio favorable. Lo que uno percibe, lo que uno constata es que el clima de enrarecimiento es constante, generalizado y desafortunadamente no disminuye. Lo más lamentable del caso y lo que provoca este clima, este ambiente, no es otra cosa más que el tema de la impunidad. De cada 100 delitos solamente se llegan a consignar y a sentenciar dos, es decir, el premio a la transgresión de la ley es la impunidad porque el 98 por ciento de quienes transgreden la ley se salen con la suya”.

En materia de libertad de prensa y democracia, México ocupa la posición 136 de 178 en la clasificación mundial hecha por la organización Reporteros sin Fronteras, presentada en 2010. Además, está catalogado como país en “situación difícil” para ejercer el periodismo.

El problema que padece la prensa es de corresponsabilidad, asegura Darío Ramírez, representante en México  de Artículo 19. “No hay un malo, no hay un enemigo en sí. Hay muchos [enemigos] y se manifiestan de diferente manera. Es evidente que el Estado tiene cumplir con sus responsabilidades internacionales y nacionales en materia de salvaguardar [a los periodistas]. Los medios tienen la necesidad de fortalecer el periodismo, y también la sociedad: mientras que la sociedad no proteja a sus periodistas, a sus mensajeros, mientras no reconozcamos que necesitamos esa profesión que genera información, que son nuestros investigadores, el costo, también político, nunca va a decrecer en aras del cambio, de la transformación”.

Saldos del panismo

En la actual administración calderonista, la incidencia de crímenes fatales en contra de periodistas ha aumentado en 241.8 por ciento respecto de la administración de Fox. De diciembre de 2000 a noviembre de 2006, fueron asesinados en promedio 4.3 periodistas por año, mientras que en el actual gobierno el cálculo asciende a 10.4 homicidios de comunicadores anuales.

La información consultada por Contralínea indica que las entidades federativas en las que se han perpetrado más asesinatos son: Tamaulipas, Chihuahua y Guerrero. Mientras, Michoacán se coloca como el estado con mayor número de periodistas desaparecidos.

Aunado a ello, la CNDH ha documentado 626 agresiones contra reporteros en los dos gobiernos del PAN; 351 de ellas –más del 50 por ciento– ocurrieron en lo que va del sexenio de Felipe Calderón.

Y aunque el presidente de la República afirme que la violencia contra la prensa y la sociedad no es responsabilidad de su gobierno, sino del crimen organizado, los ataques –que van desde las amenazas, la cancelación unilateral de la publicidad oficial, los hostigamientos, hasta las agresiones físicas– son cometidos, en su mayoría, por autoridades federales, estatales y locales, refieren la CNDH, Cencos, Artículo 19 y Reporteros sin Fronteras.

El 49.03 por ciento de los ataques son cometidos por representantes de los gobiernos en sus tres niveles; el 26.45 por ciento, por el crimen organizado, y del 11.61 por ciento restante se desconoce la identidad de los perpetradores, indica el informe La violencia en México y el derecho a la información, elaborado en 2010 por Artículo 19 y Cencos.

De acuerdo con ese mismo informe, hasta ahora no habría evidencias de la participación de los agentes del Estado en tres modalidades de agresión: asesinatos, desapariciones y secuestros. Los crímenes contra los periodistas, sin embargo, se inscriben en el contexto derivado de la principal estrategia de la administración federal: la “guerra” contra las drogas.

Para el gobierno, la forma de combatir el narcotráfico es con la confrontación directa y esa estrategia, explica Balbina Flores, ha resultado en el asesinato de más de 40 mil civiles, entre ellos los comunicadores. “Pero el gobierno no piensa cambiarlo, y lo ha dicho públicamente, hasta el cansancio, en los últimos meses. Entonces no podemos más que decir que esto no va a cambiar”.

La representante en México de Reporteros sin Fronteras señala que las medidas que ha tomado la administración federal para la protección del ejercicio periodístico son insuficientes. “Han mostrado ineficacia en su aplicación. Concretamente podemos hablar de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, que fue creada hace cinco años, ha tenido tres fiscales y que, hasta este momento, no hemos conocido de la detención de los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de periodistas”.

Informes elaborados por la CNDH revelan que las autoridades son responsables en el 39.30 por ciento de las agresiones que esa Comisión ha documentado entre 2005 y lo que va de 2011. De ese total, elementos de la Procuraduría General de la República cometieron el 47.15 por ciento de los ataques; de la Secretaría de Seguridad Pública, el 21.76 por ciento; de la Secretaría de la Defensa Nacional, el 17.61 por ciento; y de las procuradurías generales de Justicia de Oaxaca y Veracruz, el 6.75 por ciento respectivamente.

La organización internacional Freedom House, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, considera en su evaluación 2011 que México es un país “parcialmente libre” para la práctica periodística.

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NIÑOS: MANO DE OBRA MINERA

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NIÑOS: MANO DE OBRA MINERA

Publicado 13 junio 2011 by Yv.org

Niños, mano laboral preferida por las mineras: Familia Pasta de Conchos
La Redacción

MÉXICO, D.F., 13 de junio (apro).- En México, la contratación de niños para trabajar en las minas viola de manera flagrante el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), denunció Carlos Rodríguez Rivera, integrante de la Organización Familia Pasta de Conchos.

Durante su participación en el Día Mundial contra el Trabajo Infantil el día de ayer, Rodríguez denunció ante la OIT que para “bajar los costos de producción”, las mineras en México prefieren contratar a menores de edad; dijo que es más es fácil esconderlos cuando se presentan los inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

La Organización Familia Pasta de Conchos, añadió, ha identificado al menos seis lugares, inspeccionados por la STPS durante el año pasado, donde laboraban 15 jóvenes de entre 14 y 17 años de edad.

Prueba de ello, dijo, es que es el caso de Jesús Fernando Lara, de 14 años, quien sobrevivió a un accidente ocurrido el pasado 3 de mayo en el Pocito Tres de la minera Beneficios Internacionales del Norte, en Sabinas, Coahuila.

El adolescente vive ahora con un brazo amputado, producto del accidente; además, agregó, se tienen pruebas de que ya no estudiaba para dedicarse al trabajo de minería y que le pagaban 900 pesos a la semana.

Según Rodríguez, en los llamados “pocitos” de las minas de carbón, los niños y jóvenes que no han alcanzado la estatura adulta resultan muy útiles porque se les facilita trasladarse por los estrechos espacios.

Además, por la forma como están dispuestos los espacios es fácil esconderlos cuando se presentan los inspectores de la Secretaría del Trabajo y, por supuesto, resulta más barato contratarlos porque les pagan menos que a los adultos, apuntó.

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Dra. Perla Gómez Gallardo

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Dra. Perla Gómez Gallardo

Publicado 06 marzo 2011 by Yv.org

 

Doctora en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Estudió la Maestría en Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM y la licenciatura en la Facultad de Derecho de la UNAM. Recibió mención Honorífica por su tesis de doctorado: “Revisión epistemológica de los alcances y límites de la libertad de expresión y del derecho de acceso a la información frente a los derechos de la personalidad tratándose de figuras públicas”.

Ha sido profesora de Epistemología Jurídica y Teoría Jurídica Contemporánea I y II y Filosofía del Derecho En la Maestría y Derecho de Acceso a la Información Pública en Especialidad de Derecho de la Información de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Profesora de Teoría del Derecho en la Facultad de Derecho UNAM. Catedrática de Maestría en Periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Medalla “Alfonso Caso” al Mérito Universitario. En la actualidad es profesora invitada “Titular C” en la Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa.

Líneas de investigación

- Derecho de la información

- Transparencia y rendición de cuentas

- Libertad de expresión

- Derechos de la personalidad

- Filosofía y ética jurídica. 

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PRESUNTO CULPABLE

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PRESUNTO CULPABLE

Publicado 04 marzo 2011 by Yv.org

 

Presunto culpable se estrenó el 18 de febrero en 130 cines de seis ciudades del país y, según su producción, alcanzó 128,000 espectadores en los primeros tres días.

El documental retrata el caso de Zúñiga Rodríguez como un ejemplo de deficiencias en el sistema penal mexicano, al haber sido detenido y sentenciado a 20 años de prisión para finalmente ser exonerado porque no había pruebas de que fuera el autor del asesinato, que aún no se esclarece.

Heredia indicó que la suspensión provisional es una decisión judicial normal en tanto Lobo Domínguez conoce por completo del caso.

La autorización es legal: Segob

El subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Héctor Villarreal, de quien depende Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, aseveró que no existen elementos para la suspensión de la autorización de la exhibición del documental.

En entrevista con CNNMéxico, el funcionario federal afirmó que RTC dio su aval a la empresa Cinépolis para que distribuyera Presunto culpable porque cumplió con la norma.

“Cumplió absolutamente con todos los requisitos que señala la ley para efectos de procedimiento administrativo, y sostenemos que la autorización se dio con absoluto apego a la legalidad”, señaló.

El subsecretario expuso que si una persona siente que ha sufrido daño moral con el documental, o en general con una película o publicación, puede proceder en su contra mediante un juicio civil o inclusive penal.

Reyes Bravo, quien primero atestiguó contra Zúñiga Rodríguez y después se desdijo, alega también que el documental afecta su privacidad y ha causado perjuicios a su vida personal.

“Sin embargo, en relación con el acto del otorgamiento de esa autorización nosotros consideramos que no hay fundamento para conceder una suspensión, y vamos a defender la legalidad de esa autorización y con ello a defender que la película se siga exhibiendo en las salas”, dijo Villarreal.

El funcionario federal manifestó que respetan al Poder Judicial, pero confían en que tienen los argumentos para que no prospere el juicio. Por ahora se analiza la ruta legal y no se puede especular si se suspenderá la exhibición del documental, dijo.

Villarreal agregó que no tiene registros de que la cancelación de la proyección de una película en el país por una orden judicial.

También respaldó que sectores de la sociedad muestren molestia por lo que consideran una agresión a la libertad de expresión, tras enfatizar que el Gobierno federal no censura Presunto culpable o cualquier otra película o publicación.

“No hay ninguna intención (de censura), y no solamente no la hay si no que hay la convicción de que vamos a combatir cualquier agresión o cualquier intento o posibilidad de que se vulnere la libertad de expresión”, sostuvo.

Desproporción judicial que “raya en censura”

La decisión de la jueza Blanca Lobo Domínguez es una medida desproporcionada que se puede calificar como censura, afirmó Miguel Carbonell, académico del Instituto de Investigaciones Jurídica de la UNAM.

“El hecho mismo de que interrumpa al momento de la notificación la posibilidad de transmitir la película en el circuito comercial es una afectación de la libertad de expresión y la libertad de empresa, y en ese sentido resulta violatoria de la Constitución mexicana y de los tratados internacionales”, advirtió Carbonell.

En entrevista con CNNMéxico, Carbonell explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) definió en una jurisprudencia que las responsabilidades por actos de expresión deben dirimirse con posterioridad y no limitar su difusión.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene dos jurisprudencias que prohíben la censura previa porque la demanda debe llevarse por la vía de un juicio civil para pelear una indemnización económica, abundó el especialista en derecho constitucional.

“Hay un elemento anterior que debería haber inclinado la balanza en la mente de la jueza hacia otra decisión, que es el hecho que la película, al momento de dictar el auto de suspensión, ya había sido vista por medio millón de personas, con lo cual no es que se creara un daño inminente en la privacidad y en la honra de este sujeto.

“El daño ya se había realizado, por eso es que no procedía suspender la exhibición, sino en su caso exigir por la vía civil la responsabilidad económica”, dijo Carbonell.

Fuente

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Aristegui Regresa a MVS

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Aristegui Regresa a MVS

Publicado 16 febrero 2011 by Yv.org

Cuando Carmen Aristegui se mostró dispuesta a regresar a MVS Radio, puso una condición: que la empresa se retractara sobre el señalamiento de que había violado el código de ética de la misma. Aunque dicho requisito no se cumplió, ayer se dio a conocer que a partir de lunes la periodista regresará a conducir su noticiero.

Mediante un texto titulado “Comunicado conjunto de Carmen Aristegui y MVS Radio”, divulgado en su página de internet, la radiodifusora confirmó que la periodista se reintegrará a sus filas.

“Los días recientes han sido aleccionadores para quienes nos dedicamos a la radiodifusión. Las expresiones públicas acerca del espacio de noticias matutino en MVS Radio han confirmado –tal y como lo supimos desde enero de 2009–, el interés que puede despertar en la sociedad un programa abierto a las inquietudes de sus audiencias (…)”.

Además, el comunicado agrega que han tomado en cuenta “la fructífera experiencia que han significado más de dos años de colaboración profesional”.

En la rueda de prensa que ofreció el miércoles 9 de febrero, la periodista aceptó que el cuestionamiento fue “duro, pero de ningún modo injurioso o difamatorio. Tampoco se transgredía en ningún punto el código de ética que ha sido aludido”.

Casi al final del texto que se difundió ayer, la empresa señala que “con estas decisiones Carmen Aristegui y su equipo de trabajo, así como MVS Radio, responden de manera transparente y pública a los requerimientos de una relevante porción de radioescuchas y ciudadanos”.

Además de la noticia sobre el retorno de Aristegui, MVS también publicó su código de ética en su portal de internet, con la intención  de “transparentar las normas del trabajo periodístico en este espacio”.

FICHA TÉCNICA
Línea editorial

“En el Programa (el de Aristegui) se difundirá información veraz, lo más completa posible, con un enfoque crítico y propositivo, que privilegie y promueva la convivencia armónica entre individuos y que ayude al radioescucha a entender la realidad y a formar su propio criterio”.

“Los titulares de las emisiones y Noticias MVS no admiten discriminaciones por raza, región, nacionalidad, nivel cultural, sexo o preferencia sexual”.

“El Programa y las personas que intervienen en su elaboración rechazan la presentación y difusión de ‘rumores’ como noticias y procuran siempre revelar las fuentes de origen de cada información”.

Fuente: Código de ética de Multivisión, firmado el primero de enero de 2009, entre Carmen Aristegui y la empresa.

FUENTE

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