En el transcurso del último siglo, los Estados han ejercido un inmenso dominio sobre los canales de comunicación. En la mayoría de las naciones occidentales, grupos de presión y conglomerados vinculados a gobiernos autodenominados “liberales” y “democráticos” han establecido regulaciones que determinan quién puede difundir información. Mientras tanto, los gobiernos, respaldados por sus inagotables recursos financieros y poder político, compiten con entidades privadas o extranjeras en el ámbito mediático.
Un ejemplo notable fue la prohibición total de la televisión en Sudáfrica, seguida de su legalización en la década de 1970, aunque la industria aún permanecía bajo un fuerte control estatal.
En el caso de la Unión Soviética, todos los medios de comunicación fueron centralizados y rigurosamente controlados por el Estado inmediatamente después de la Revolución de Octubre. Los líderes bolcheviques comprendieron la importancia de tener el control absoluto sobre los medios. A lo largo del último siglo, todos los Estados han mantenido cierto grado de control sobre los medios de comunicación nacionales, promoviendo narrativas afines y restringiendo aquellas que no lo son, todo con el fin de mantener el dominio sobre la opinión pública.
Con la proliferación de Internet, la tradicional centralización estatal en los medios de comunicación quedó obsoleta. A medida que Internet y sus tecnologías asociadas se desarrollaron, la descentralización se volvió cada vez más evidente y extendida. Cuando cualquier persona puede iniciar un podcast en una variedad de plataformas en línea y colaborar con individuos de todo el mundo que poseen la tecnología necesaria, o cuando cualquiera puede producir y compartir documentales y ensayos en vídeo en numerosos sitios que admiten este formato, los medios de comunicación respaldados por el Estado o por intereses gubernamentales que dominaron el siglo pasado se tornan efectivamente irrelevantes. La nueva competencia se caracteriza por su dinamismo, adaptabilidad, descentralización y capacidad para eludir la censura, lo que hace que el antiguo sistema sea incapaz de competir, producir más o incluso prohibir por completo esta nueva forma de comunicación.
No solo los medios tradicionales se vieron afectados por la irrupción de Internet, sino que también los foros de chat, las redes sociales y otros canales de comunicación directa socavaron a múltiples instituciones legitimadoras clave del Estado, en particular, académicos y periodistas. A excepción de las normativas y pautas locales, cualquier persona era libre de cuestionar y debatir cualquier aspecto del mundo académico, a menudo aprovechando el anonimato como un recurso para fomentar la libertad de expresión sin restricciones.
Esta innovación resultó catastrófica desde la perspectiva del Estado. La idea de un control absoluto sobre todos los canales de medios se volvió ilusoria en cuestión de pocos años. Algunas naciones intentaron restringir Internet utilizando todos los medios a su disposición, como lo hizo China con su Gran Cortafuegos, aunque surgieron múltiples métodos para eludir estas restricciones mediante el uso de VPN o servidores proxy. Por otro lado, las naciones occidentales optaron por un enfoque más sutil, trabajando en estrecha colaboración con empresas privadas en iniciativas menos visibles.
Sin embargo, un ataque más enérgico y subrepticio contra los beneficios que Internet aporta a la libertad se encuentra en las campañas en contra del anonimato. La eliminación del anonimato y, en última instancia, de la privacidad, resolvería la mayoría de los dilemas que Internet ha planteado al Estado. Esta es precisamente la razón por la que los Estados y sus defensores han emprendido una cruzada contra el anonimato en línea.
La lucha del Estado contra la Libertad
El anonimato plantea una amenaza significativa desde la perspectiva del Estado, ya que este ya no puede dar por sentado que sus narrativas, académicos, periodistas y otras fuentes de legitimidad quedarán exentos de cuestionamientos públicos. En un entorno anónimo, prevalecen los argumentos basados en su mérito intrínseco, tal como lo determinan los observadores. Aunque esto no garantiza necesariamente la supremacía de la verdad en todos los casos, sí implica que se socava el sistema de credenciales, que ha sido un pilar importante para los defensores del Estado.
En cambio, los espectadores tienen la oportunidad de evaluar argumentos en los que una o ambas partes han decidido deliberadamente eliminar su identidad personal de la ecuación mediante el anonimato. Esto deja únicamente los hechos, su aplicación y la retórica para su consideración. Si un académico o periodista se comporta de manera cuestionable en repetidas ocasiones frente a estos actores anónimos, o si se demuestra que ha proporcionado información falsa, su credibilidad inevitablemente se verá erosionada.
Los defensores del Estado han articulado una respuesta a este dilema. Argumentan que si el anonimato se elimina y se revela la identidad de una persona previamente anónima con opiniones controvertidas o de «extrema derecha», existe el riesgo de que grupos agresivos y delincuentes puedan amenazar la seguridad de esa persona. Esto podría llevar a la difícil decisión de enfrentar la posibilidad de represalias violentas o abandonar por completo la conversación. Esta táctica se emplea especialmente cuando un individuo o grupo ha tenido éxito en contradecir a académicos y periodistas afiliados al Estado. Sin embargo, es un enfoque que consume tiempo, es costoso en términos de daño a la reputación y la confianza, y en última instancia, no es práctico a gran escala.
Delegar esta táctica a grupos desvinculados y «desconectados» puede ayudar a reducir el impacto negativo en la reputación, pero solo puede aplicarse de manera efectiva una vez que se ha establecido un patrón visible, lo que, a su vez, aumenta el riesgo de una reacción adversa generalizada.
En lugar de recurrir a la amenaza directa, los académicos y periodistas afiliados al Estado pueden optar por métodos más sutiles para desacreditar a los grupos anónimos. El enfoque más común es tratar de presentar el anonimato como una característica intrínsecamente desacreditadora. Esto se asemeja a una táctica utilizada por grupos de interés que abogan por la obtención de licencias. Argumentan que aquellos que no cuentan con la aprobación del status quo son inseguros, poco serios o maliciosos, según la retórica, y, por lo tanto, se debería establecer un estándar en forma de licencia o la eliminación del anonimato para garantizar una calidad que cumpla con las normas establecidas. A diferencia de una licencia formal impuesta por el Estado, este estándar social no necesariamente tiene que ser dictado por la autoridad gubernamental; la presión social y la conformidad con las normas aceptadas podrían ser suficientes para lograr su objetivo.
Lamentablemente para aquellos que se oponen al anonimato, la presión social necesaria para estigmatizar completamente el anonimato está más allá de su alcance. Otra estrategia consiste en apelar al sentido del honor. Se argumenta que si un argumento es realmente importante o sólido, el que lo presenta debería tener la confianza suficiente para poner su nombre y rostro detrás de él. Aunque esta lógica es formalmente inconsistente (es poco probable que este estándar se aplique a menos que alguien sea desenmascarado por un cartel anónimo), es una estrategia popular. Sin embargo, a pesar de su popularidad, rara vez se encuentra a alguien dispuesto a defender su honor y adjuntarlo a un argumento o declaración, incluso cuando se les desafía.
Sin embargo, el Estado y sus colaboradores tienen otra solución en mente. Si lograran eliminar por completo el anonimato en sitios web importantes, eliminando de raíz la privacidad en línea, no solo resolverían el problema de los críticos anónimos, sino que también podrían afirmarse con facilidad como los controladores supremos de los medios. Si bien la descentralización ha obstaculizado gravemente el control estatal sobre los medios, la eliminación de la privacidad a través de la prohibición del anonimato (ya sea mediante una regulación gubernamental o un acuerdo público-privado) permitiría al Estado tener un control sobre cualquier persona que así lo desee, aunque no en la misma medida que lo hizo en el siglo pasado. Por lo tanto, defender el anonimato se convierte en un componente esencial para debilitar al Estado y, en última instancia, desmantelarlo.
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